martes, 27 de agosto de 2013

Integración del Mercosur y regional en América del Sur [1]

Integración del Mercosur y regional en América del Sur [1]

John AE Vervaele
1.               Introducción

En el período comprendido entre 1980 y 1995, tanto en Europa y los EE.UU. hicieron enormes inversiones en América Latina. El proceso de democratización en América Latina, sobre todo en los países marcados por una tradición de la dictadura militar, se ha reforzado la creencia en la estabilidad política y económica. La economía ha mostrado un gran crecimiento y, en parte estimulada por el FMI y el Banco Mundial, varios países se están embarcando en un privatis ción a gran escala. [2] La cooperación política y económica entre los países está tomando el lugar de la rivalidad política y militar. Ha llegado el momento para un nuevo intento de integración en el continente. Los acercamientos entre Argentina y Brasil llevaron al estableci miento h del Mercosur. Su importancia económica (Mercosur es el cuarto bloque comercial más grande del mundo después de los EE.UU., la UE y Japón) y políticos han sido reconocidos, en especial de la UE. Ya en 1996, [3] un Cooper Interinstitucional un Acuerdo ción llegó a la conclusión, un acuerdo de trabajo e fram interregional de cooperación entre los Estados miembros de la UE y de los Estados Partes del Mercosur. [4] Desde entonces, las negociaciones birregionales entre la UE y Mercosur Commi t tee (BNC) [5] ya ha tenido diez sesiones en las que se discutieron temas como la libertad de mov e ción de bienes, la contratación pública, las inversiones, los servicios, el comercio electrónico, y la resolución de conflictos. Los EE.UU. nunca ha apreciado los intentos de integración en América Latina y siempre se ha esforzado por celebrar acuerdos de libre comercio por separado con cada país. El acuerdo de libre comercio reciente con Chile es un claro ejemplo. [6]

Los acontecimientos políticos no protegen a las economías de América Latina de las tormentas económicas. La crisis del tequila de México en 1994 dio lugar a retraso en el crecimiento en toda la región. En 1999 Brasil decidió devaluar considerablemente su moneda frente al dólar de EE.UU., mientras que Arge n Tinian presidente Menem había hecho la paridad monetaria con el dólar en una prioridad de su política. Argentina temp ralmente dejó de aplicar el arancel externo común, que tenía mea n mientras se seguirán desarrollando en el marco del Mercosur, y por lo tanto suspende el efecto de la unión aduanera. Uruguay y Paraguay posteriormente también establecieron aranceles externos unilaterales. La economía argentina, que no era fuerte para empezar, fue más lejos cuesta abajo. En 2002, Argentina se vio obligado a abandonar la paridad con el dólar y el cese de pagos de la deuda pública, que para entonces se había disparado. Argentina estaba empantanado en la más profunda crisis financiera cada vez económica, política y monetaria de su historia. La crisis del tango creado una ola en toda la región. El sector bancario de Uruguay - tradicionalmente un refugio de capitales argentinos - fue arrastrado a lo largo de la crisis. Brasil enfrentó a disminuir el crecimiento económico, pero se las arregló para limitar el daño a este hecho.

Durante un tiempo, parecía que el destino del Mercosur había sido sellada, pero debido a las nuevas l opments desa políticos y tentativa de recuperación económica de la región, las perspectivas de Mercosur en 2004 son mejores que nunca. La elección de Lula da Silva y Kirchner como presidentes de Brasil y Argentina, respectivamente predecir renovado fervor para el Mercosur. En la reciente reunión de los jefes de Estado del Mercosur (17 junio de 2003), se hizo evidente que Lula y Kirchner querían profundizar la integración en el marco del Mercosur. Su agenda común [7] refleja el nuevo celo. En una cumbre especial en octubre, se analizarán los proyectos que garanticen que la integración en el Mercosur es a la vez reforzado y acele r ated. Brasil ya ha presentado un programa titulado «Objetivo 2006». Su objetivo puede ser comparado con la operación para establecer el mercado interior en la CE en 1992. El programa gira en torno a cinco temas: 1. la estructura instit u institucional y sus políticas y socio-cultural obje tivos c; 2. la unión aduanera; 3. los pilares del mercado común; 4. la nueva integración, y 5. la integración fronteriza y la abolición de las fronteras interiores. Argentina ha presentado una propuesta para la creación de un Instituto Monetario del Mercosur, con la idea de la coordinación de la política monetaria y la fijación de la paridad cambiaria con determinados anchos de banda. Las similitudes con la UEM y el Fondo Monetario Instit u ción europea son evidentes. Las propuestas tienen componentes políticos y económicos claros. En el gobierno actual de Argentina, Brasil ha encontrado un socio para la rei n Forcement de integración en la región, que también reforzará la posición en las negociaciones con los EE.UU. relativa a la liberalización. En 2006, los EE.UU. quiere concluir un acuerdo de libre comercio, el ALCA, [8] con todos los Estados americanos, no sólo para reemplazar los acuerdos existentes, sino también - por lo menos a los ojos de los EE.UU. - como alternativa a la integración de la comunidad regional. [9] Además, la UE está tratando de concluir un acuerdo de libre comercio, [10] pero con el Mercosur como socio y por lo tanto sobre la base de integración regional ­ ción. Hay mucho en juego, [11] , ya que en primer lugar, implican no sólo el acceso a los mercados de productos, sino también a los mercados de servicios y, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual.

Hay muchas razones por lo tanto, para analizar la organización y funcio n ing del Merc o-sur, que ahora ha sido eficaz durante más de una década. Este artículo discutirá la integración regional en América Latina, la génesis del Mercosur, su estructura institucional y la naturaleza jurídica y la fuerza jurídica de derecho del Mercosur, la cláusula de arbitraje, los objetivos y el grado de su consecución, la incorporación de la normativa Mercosur en los Estados partes, la regla de toma de competencia con respecto a la aplicación de la legislación del Mercosur y de la cooperación judicial en el Mercosur.

2.               Integración en América Latina

Durante el siglo 19, en el momento de la formación de los Estados nacionales, se hicieron numerosos intentos para formar una fuerte nación de América Latina grande, todos los cuales no como resultado de la tensión interna y las diferencias. [12] La primera fundación de una zona de libre comercio se colocó en la historia reciente en 1960 en el Montevideo Conve n ción. La zona de libre comercio de América Latina [13] (ALALC), se convirtió en una zona que comprende 10 países de América del Sur y México. Esta cooper ación económica puede compararse fácilmente con la actual zona de libre comercio de América del Norte del TLC entre los EE.UU., Canadá y México. [14] ALALC no resultó ser un gran éxito. Las negociaciones fracasaron poco sobre la armonización de los aranceles aduaneros. El esquema de arbitraje para la resolución de conflictos carecía de la fuerza necesaria para soportar las diferencias políticas entre los Estados Partes. Además, los países en el soporte medio económico y por debajo temían la dominación económica del comercio de Argentina, Brasil y México. [15] En este contexto, el Pacto Andino fue creado, por el que Bolivia, Chile, Colom ­ bia, Ecuador, Perú y transfieren determinadas competencias a una estructura supranacional común bajo el Acuerdo de 1969 Cartagena de Indias. En su mayor parte, la Comunidad Andina era una copia de la CE, tanto institucional como subestaciones n tivamente. Incluso la estructura y competencias de la Corte Europea de Justicia se han copiado, incluida la facultad de remitir el asunto a una cuestión prejudicial. [16] Sin embargo, no estaban dispuestos a los Estados partes a aceptar el efecto vinculante de la ley Andino. Esto significa que cada decisión individual debía ser ratificado e incorporado a la legislación nacional y sólo podía ser vinculante tras su ratificación por todos los Estados Partes. Este proceso de integración llevado a la frustración entre los socios y el retiro de Chile en 1976 fue el golpe mortal. El interés en la zona de libre comercio se reactivó y la ALALC se transformó en la Asociación Latinoamericana de Integr ación (ALADI). [17]

3.               Mercosur: génesis y objetivos

Durante la segunda mitad de la década de 1980, se iniciaron las negociaciones entre Brasil y Argentina, los dos jugadores más importantes en el continente, en relación con la integración regional de comunicaciones u nidad. Se tenía la intención de seguir profundizando el proceso de integración a partir de la ALADI como el acervo. Ciones a la nego dio lugar al Tratado de Asunción de 1991 (en lo sucesivo, TA). Los países altamente dependientes económicamente de Uruguay y la Par a guay también accedieron. Durante el transcurso de la década de 1990 Bolivia y Chile se convirtieron en miembros asociados [18] sobre la base de un acuerdo sobre la zona de libre comercio con el Mercosur. [19]Mercosur se basa en un tratado internacional, el establecimiento de instituciones intergovernme n tal y se fijan objetivos que todo suene muy familiar: la realización de una unión aduanera y un mercado común, vinculado a las cuatro libertades. También cuenta con áreas de políticas comunes y el acompañamiento de una armonización paña. Como tal, es una estructura intergovernme n tal con un proyecto de integración de la comunidad en mente, en una palabra, considerada no puede limitarse a una asociación de libre comercio.

Artículo 1 TA preveía un período de transición hasta el final de 1994 para la realización de un mercado común. El mercado común comprende la unión aduanera, las cuatro libertades, y la coordinación de las políticas en el campo de la ag l tura, cuestiones fiscales y monetarias, el comercio exterior, etc Además, el artículo 1 establece expresamente la necesaria armonización de la legislación de los Estados partes. [20]
Pronto se hizo evidente que el plazo acordado, es decir, el período comprendido entre 1991 y 1994, fue demasiado corto para poder lograr estos objetivos. La eliminación de las barreras comerciales internas a los efectos de la unión aduanera y la realización de un arancel aduanero común externo resultó mucho más difícil de lo esperado. [21] En 1993 el Mercosur [22] decidió abandonar la fecha, pero sin abandonar el objetivo real de la creación de la unión aduanera y el mercado común. Ahora se espera que éstos estarán en funcionamiento antes de 2006.

4.               La estructura institucional del Mercosur [23]

A pesar de que cuando se trata de contenidos, el Mercosur se parece mucho a la CEE en sus primeras etapas, desde una perspectiva institucional son notables las diferencias.Basado en el artículo 18, TA, la estructura institucional de mí r COSUR se desarrolla más en el Protocolo de Ouro Preto de 1994 (en lo sucesivo: POP). [24] Artículo 3 POP califica el Consejo del Mercado Común (CMC) como el órgano político más alto. Se compone de los Ministros de Relaciones Exteriores y Economía y de las reuniones de los Jefes de Estado. La CMC también está autorizado para organizar nuevas reuniones de ministros y ha hecho un amplio uso de esta competencia. Además de las reuniones de los Ministros de Agricultura y de la Industria en la actualidad hay también reuniones de los Ministros de Justicia, Interior y Asuntos Sociales. En resumen, la competencia de la CMC[25] es semejante a la del Consejo de Ministros y el Consejo Europeo en el Tratado de la UE. El Grupo del Mercado Común (GMC) es sin duda el poder ejecutivo del Mercosur (artículo 10 POP). El GMC se ejecuta todos los grupos de trabajo, grupos ad hoc y especia l terizado reuniones sobre cuestiones agrícolas, la armonización de las normas técnicas de productos, la enviro n ambiente, servicios financieros, control de fronteras, el turismo, etc La Comision del Comme r cio del Mercosur ( CCM) cae bajo el GMC (artículo 16 POP). Tiene competencia [26] especializados en temas económicos, como la competencia, la contratación, las costumbres, la protección del consumidor, etc Los CMC más tramite las quejas en estas áreas de los Estados Partes y fiestas privadas. [27]

El CMC, GMC y la CCM tomar decisiones que sean obligatorias para los Estados Partes. Ley Mercosur secundaria Binding consiste en las decisiones del CMC, GMC, resoluciones y directivas del MCP (artículos 41 y 42 del POP). El derecho de legisl una iniciativa tivo está exclusivamente en manos de los Estados Partes, que podrán presentar propuestas en el CMC, GMC o CCM. Mercosur también cuenta con varias instituciones con poderes meramente consultivos, como el Parlementaria Comision Conjunta (CPC) y el Foro Consultivo Económico Social (FCES). El CPC tiene una función consultiva importante con respecto a la armonización de la legislación. Por último, el Mercosur tiene una secretaría administrativa (SAM), con sede en Montevideo. Sus poderes, sin embargo, son bastante débiles (véase el artículo 31 y siguientes POP) y puramente de apoyo. El SAM no tiene poder ejecutivo, y mucho menos cualquier t ing poder legislativo iniciativa. El SAM no puede, por tanto, en comparación con la Comisión Europea en el Tratado CE o el Tratado de la Unión Europea. Se trata de un t ing secretaría suppor que organiza las reuniones y se ocupa de la documentación. En 2002 se decidió ampliar la administr una secretaría tiva y convertirlo en una secretaría técnica. [28]

5.               La naturaleza jurídica y los efectos jurídicos de la ley Mercosur

La mayoría de los autores coinciden en que la estructura orgánica del Mercosur, ya que elab o nominal en el capítulo II de la asistencia técnica, es una organización intergubernamental con los objetivos de la comunidad, pero no un supran una organización internacional. [29] El carácter intergubernamental también surge de la división de poderes entre los órganos del Mercosur y la posición débil de la SAM. Sin embargo, la observación de un Mercosur blemente no poseen personalidad jurídica (artículo 34 POP), que permite al CMC para celebrar tratados en su nombre.

El artículo 38, junto con el artículo 42 del Protocolo, se establecen diversas obligaciones para los Estados Partes. Las decisiones del CMC, la u resol ciones del GMC y las directivas de la CCM son vinculantes para los Estados Partes. [30] Todas las decisiones se toman por unanimidad (artículo 37 POP). [31] Sin embargo, la 'unión' no significa incorporar en el derecho interno y por lo tanto una fuente de derechos y obligaciones para los sujetos jurídicos. En resumen, los instrumentos jurídicos del Mercosur no tienen efecto directo o cuál es nunca. Con base en el artículo 42 POP, todos los Estados Partes tienen la obligación de incorporar las decisiones vinculantes del MERCOSUR, en la medida, por supuesto, de que es necesario incorporar en el derecho interno. [32] El artículo 38 POP, además incluye una disposición relativa a la lealtad a Mersocur compar un ble con el artículo 10 del Tratado CE. El artículo 42 dispone además que la incorporación va a tener lugar de conformidad con los procedimientos internos de cada Estado Parte.Todos los Estados Partes que ratifiquen e incorporen tienen que notificar a la SAM. Después de la última notific ación del SAM informa a los Estados Partes, en los 30 días de que las normas en cuestión entrarán simultáneamente en vigor en todos los Estados Partes. [33] A pesar de la fuerte intergovernme n tal influencia, tanto en la adopción de decisiones y en su entrada en vigor, no se debe subestimar la importancia de los objetivos comunitarios en el TA. En una disputa entre Argentina y Brasil concer n ción la libre circulación de mercancías, Quantit a vos, restricciones y medidas de efecto equivalente, la no entrada en vigor de la unión aduanera y el mercado común - aduce el Brasil - fue rechazada por el tribunal de arbitraje. [34] Un Estado Parte no está autorizado a suspender o unde mina r los objetivos de la comunidad, aunque éstas sólo han sido parcialmente realizado. Es interesante notar que la decisión [35] se refiere con frecuencia a Comm u jurisprudencia europea nidad y utiliza conceptos como la interpretación de conformidad con el Tratado, la efectividad (effet utile), etc

Las disposiciones del artículo 42 POP hacen las respectivas disposiciones constitucionales de los Estados partes y la correspondiente jurisprudencia relativa a la relación entre el interno una ley nacional de vital importancia para la eficacia de los instrumentos jurídicos nacionales y del Mercosur. Por ejemplo, varios países latinoamericanos han integrado los tratados internacionales y regionales de derechos humanos en su legislación nacional. Algunos países han dado la supremacía de las normas del Tratado, inclu d ing supre m acy sobre las normas constitucionales (cf Guatemala), mientras que otros han dado a estas normas equivalentes constituyentes u estado nutricional de la jurisdicción interna (cf Argentina). [36] status equivalente significa que las normas de los tratados no pueden alterar las normas constitucionales, pero sólo puede complementarlos. Ellos, sin embargo, tienen el mismo efecto que las normas constitucionales con respecto a otras leyes nacionales. La ratificación de la TA no ha resultado precisamente en las disposiciones nacionales correspondientes u constituyentes. El artículo 45 de la Constitución de Paraguay se refiere expresamente a la interna de un orden jurídico internacional y acepta su supremacía. La Constitución argentina también se refiere al orden jurídico internacional, en particular en los artículos 27, 31 y 43. El debate académico acerca dualismo y el monismo y de si existe o no la supremacía ha sido decidido por la Corte Suprema de Argentina a favor de la supremacía. [37] Las constituciones de Brasil y Uruguay plantean más de un problema. La Constitución de Uruguay no incluye una disposición que reconoce la supremacía del derecho internacional. En cambio, los artículos 256 y 239 parten del principio de la supremacía constitucional. La Constitución de Brasil [38] es explícitamente dualista, además de proporcionar un mecanismo complejo para su incorporación. (2) El artículo 5 establece claramente que los tratados internacionales se complementan las normas constitucionales. En otras palabras, las normas de los tratados son sometidos a las pruebas en contra de la Constitución. [39] El Presidente tiene competencia para celebrar tratados (considerando VIII del artículo 84). El Parlamento es subs e cuencia necesaria para 'inter l ize' el tratado por medio de un decreto legislativo. El Supremo Tribunal Federal puede entonces probar el decreto en contra de la Constitución. La vigencia del decreto legislativo aún no termina el asunto. Sólo después de que el presidente ha ratificado el decreto legislativo puede el contenido del tratado internacional que forman parte del derecho interno. Este proceso de integración no sólo se aplica a los tratados constitutivos del Mercosur, sino también a toda la legislación secundaria Mercosur.

Por ello no es sorprendente que la aplicación del Derecho del Mercosur es uno de los principales problemas. Sólo el 40 por ciento de las decisiones unánimes siempre han sido efectivamente incorp o calificado por todos los Estados Partes, por lo que han entrado en vigor. [40] No hay instituciones del Mercosur supranacionales encargadas de la supervisión del cumplimiento de la legislación del Mercosur. Tampoco existen procedimientos judiciales a las que las instituciones del Mercosur pueden recurrir para hacer valer su cumplimiento ante un Tribunal de Justicia del Mercosur. Sin embargo, los Estados Partes no tienen plena libertad para hacer lo que quieran, porque un mecanismo de arbitraje ha sido proporcionada para hacer frente a comme r conflictos sociales entre los Estados Partes.

6.               El mecanismo / arbitraje de resolución de conflictos en el Mercosur [41]

En la organización de una elección consciente Mercosur se ha hecho en favor del arbitraje intergubernamental en lugar de una jurisdicción supranacional autoriza r dad. [42]Mercosur Arbitr ación se encuentra regulado en el Protocolo de 1991 de Brasilia (PB), [43] que tiene el artículo 43 POP como base jurídica. Artículo 43 POP también Dete minas r la competencia material del panel de arbitraje, es decir, sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento de la legislación del Mercosur, es decir, tanto en la legislación del Mercosur primaria y secundaria. El sistema de arbitraje sólo está abierto a los Estados parte. Órganos del Mercosur y fiestas privadas no tienen acceso al sistema de arbitraje.

En caso de conflicto entre los Estados Partes sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento de la legislación del Mercosur, los Estados Partes tienen que pasar por dos etapas, a saber, las negociaciones directas (15 días) [44] y la mediación por el GMC (30 días). [45] Si la controversia no se ha solucionado por lo que se denomina el procedimiento diplomático, cualquiera de los Estados partes pueden recurrir a Arbitr ación. En estos casos se establecerá un tribunal arbitral ad hoc (artículo 9 PB). [46] El tribunal decide sobre la base del derecho del Mercosur y de cualquier ley internacional que sea aplicable a ble al asunto. El laudo es vinculante para los Estados partes en la controversia. [47] Muchas disputas se resuelven a nivel de la GMC. Esta es probablemente una de las razones por las cuales sólo nueve arbitrajes han tenido lugar hasta ahora. Sin embargo, cabe destacar que todos los laudos arbitrales se han entregado en los últimos cuatro años y que el número de casos va en aumento.

Artículos 25-32 PB proporcionar un procedimiento de denuncia para los particulares que se ven afectados por las medidas legales o administrativas que resulten de la competencia desleal, la discriminación y las restricciones comerciales. El procedimiento de reclamación se limita a las reclamaciones contra un Estado parte que no sea el Estado Parte en que la empresa privada es un residente o tenga su domicilio social. Por otra parte, los Procee d reuniones se llevan a cabo en nombre de la fiesta privada por el Estado de residencia, que actúa como una especie de amicus curiae. El procedimiento de reclamación se lleva a cabo antes de esp e cialmente estableció grupos especiales de expertos en el GMC. En caso de desacuerdo dentro de la GMC y el CMC, o en el caso de incumplimiento de la agre e ción por el Estado Parte contra el que se dirige la denuncia, la única opción que queda es el arbitraje vinculante. En resumen, la parte privada es capaz de iniciar el procedimiento relativo a determinadas cuestiones comerciales, pero no tiene ningún medio legal de recurso propio. Pero también hay que dejar claro que ninguno de los órganos del Mercosur poseen recursos legales tampoco.

En 2002, el Protocolo de Brasilia fue complementado por el Protocolo de Olivos (PO). Tras su ratificación por todos los Estados Partes del PO sustituirá a la PB de nuevos casos. Las diferencias más notables son los siguientes: 1. La segunda fase del procedimiento, la mediación por el GMC, será opcional; [48] ​​2. El tribunal de arbitraje ad hoc puede imponer medidas provisionales; [49] 3. Apelación Procee d reuniones se dará antes de la Corte Permanente de Apelación; [50] 4. Las medidas de compensación que pueden imponerse por la parte reclamante en el caso de incumplimiento de la otra parte con el laudo arbitral se regulan más estrictamente; [51] y 5. Un procedimiento de quejas es proporcionado por el partido co m quejaron en contra, antes de que el tribunal ad hoc o el tribunal permanente, si la fiesta es de la opinión de que es, de hecho, cumplir con el laudo. [52]

7.               La realización de los objetivos del Mercosur

El objetivo del artículo 5 TA, a saber, la eliminación de los obstáculos aduaneros relacionados con los aranceles y no arancelarias relacionadas y la realización de un arancel aduanero común externo, sólo se logró en 1995, es decir, un año después de la fecha límite, y era, además, sólo parcialmente exitosa. Todos los Estados partes se otorgaron cientos de excepciones y en este punto los períodos de transición para una serie de productos y procedimientos aduaneros no terminará hasta el año 2006. Los Estados Partes podrán fu r Thermore invocar una cláusula de salvaguardia cuando las importaciones de un determinado producto presenta un incremento dramático que implica un posible dumping. La unión aduanera [53] ha Ther correo plano sido en parte erigido y actualmente se aplica a alrededor de 90 por ciento de los productos. Sigue siendo un problema, sin embargo, que los Estados hagan uso estructural de la cláusula de seguridad y BAR temporalmente la entrada de ciertos productos a través de los aranceles aduaneros elevados.Por esta razón, el comercio de automóviles, equipos electrónicos, chem i cals, etc, ya que todavía está lejos de ser liberalizado. Otros problemas se producen constantemente la participación de todo tipo de impuestos y contribuciones inventadas por los Estados partes, y con la participación de cursos certificados sanitarios dobles para los productos agrícolas. Abogados europeos serán golpeados por una sensación de déjà vu, recordando la jurisprudencia histórica en materia de libre mov e circulación de mercancías y la unión aduanera. En el Mercosur, sin embargo, los conflictos comerciales son a menudo más graves y también más a menudo dirigido por los propios Estados. Durante los años 1980 y 1990, Argentina drast i mente liberalizado y privatizado su economía, mientras que Brasil siguió adherirse firmemente a un modelo de economía mixta. Pronto se produjeron casos de competencia desleal y el comercio subsidiado. Por otro lado, fue Brasil, que devaluó su moneda durante la década de 1990, mientras que Arge n tina se aferró a la paridad con el dólar. Argentina se vio obligado a proteger a sus productos mucho más caros en el mercado nacional en contra de la importación de productos brasileños baratos. Todo esto dio lugar a graves conflictos comerciales en el mercado del automóvil [54] y en los mercados del azúcar y los cereales. [55] Brasil se ha convertido hoy en un importante fabricante de automóviles y no es casualidad que el azúcar y los cereales son productos de los que tanto Brasil como Argentina monopolizados o lise la producción a nivel mundial. El sector servicios está todavía muy cerrada, a pesar de las diferencias comerciales intensas tienen ahora también surgido en el sector de las telecomunicaciones. [56]

Todo esto, sin embargo, no altera el hecho de que una cantidad significativa de la ley Mercosur ha sido ya desarrollado y que es claramente una política de armonización en una serie de ámbitos, como por ejemplo la agricultura y las costumbres. Además de esto, la entrada en vigor parcial de la unión aduanera se ha traducido en un aumento de cinco veces en el comercio interno del Mercosur. [57]

8.               Incorporación de derecho de Mercosur en el derecho interno

Mercosur no sólo se ve afectado por el continuo retraso de los objetivos, sino también, y tal vez aún más, por el hecho de que los Estados partes no incorporan un gran número de decisiones vinculantes, quedando entonces como resultado no puede crear derechos y oblig a nes de los sujetos de derecho. En el caso de conflictos comerciales en los argumentos utilizados no se refieren únicamente a las excepciones a la libre circulación de mercancías, como la protección de la salud, etc, pero también se afirma que las partes específicas de la legislación del Mercosur - Muy a menudo las decisiones del CMC vinculantes - aún no han ha incorporado en la legislación nacional y por lo tanto aún no vinculante para los Estados Partes. Varios premios interesantes ya han sido entregados por los tribunales de arbitraje ad hoc sobre estos conflictos comerciales y la libre circulación de mercancías. En el caso de anti-dumping entre Brasil y Argentina respecto a la importación de aves de corral (2001), el tribunal de arbitraje ad hoc rechazó expresamente el argumento de los Estados Partes. Motivación 115 y siguientes [58] e xpressly distinguir entre el efecto vinculante para los Estados partes y la creación de efectos jurídicos en temas legales. En resumen, aunque la norma no ha sido incorporada por todos los Estados Partes y por lo tanto no ha entrado en vigor, el instrumento legal sigue siendo vinculante y no se permite a las partes a tomar las medidas que sean contrarias a la letra y la filosofía detrás del instrumento . Esto se desprende de la obligación de inco r porativa y el principio de lealtad a Mercosur. En resumen, el carácter vinculante es absoluta entre los Estados Partes. Si esto fuera así, cualquier Estado Parte podría socavar el carácter obligatorio al no incorporar. Este razonamiento se ha concretado en el caso entre Argentina y Brasil (2002) [59] relativa a la importación de los productos fitosanitarios. La ausencia en el Mercosur legal instr u ción de un plazo determinado para su incorporación no es obstáculo para su carácter vinculante o la obligación de incorporar. El período en cada caso se determina por un requiriendo e ción de razonabilidad. Los responsables políticos son conscientes de la falta de constitución y por lo tanto han instado a los Estados Partes a aplicar más disciplina. [60] Sin embargo, la incorporación es a menudo el tema de los conflictos políticos en el parlamento o de la contienda electoral.

9.               Mercosur y la competencia la elaboración de normas, especialmente en lo que respecta a la aplicación de la legislación del Mercosur

Artículo 1 TA establece claramente que la organización de un mercado común implica la armoniza ación de la legislación interna de los Estados partes. El CPC tiene además una función de asesoramiento en materia de armonización. A pesar de que el mercado común co m aún no se ha establecido, el Mercosur se las arregló para armonizar las políticas nacionales y la legislación de base en una serie de áreas. Este es especialmente el caso de los campos de la agricultura y las costumbres. Mientras tanto se han adoptado normas de desarrollo relativas a las declaraciones de origen, controles fitosanitarios, las licencias individuales, Nomencl aduanera una tura, y los aranceles aduaneros externos. [61] Sin embargo, la ley de Mercosur también revela un sorprendente número de lagunas. No existen normas comunes de mercado en el sector agrícola. [62] En cuanto a las cuatro libertades, principalmente, se ha avanzado en el ámbito de la libre circulación de mercancías. [63] Las otras libertades son en su mayor parte en el hielo o en negociar una etapa ciones. Por ejemplo, se ha hecho sorprendentemente poco progreso en cuanto a la libre circulación de los trabajadores o de las personas. En 1993, un acuerdo sobre la organización de la frontera integrado controla con respecto a los bienes y las personas se concluyó. [64] Sólo en 2002 fue el CMC capaz de llegar a un acuerdo [65] relativa a la regularización de los inmigrantes de Mer ­ COSUR países sin la necesidad de volver a su país de origen para este fin. Temas como Procur e ción pública [66] y la propiedad intelectual también han paralizado a nivel de grupo de trabajo. Cabe señalar, sin embargo, que el proceso de integración está todavía en su infancia: en la CEE el proceso de armonización de la CEE también se llevó a cabo en etapas claras y el Tribunal Europeo de Justicia ha desempeñado un papel importante para fundamentar y orientar esta armonización.

El Sentido de la cuestión relativa a la armonización de la legislación del Mercosur, especialmente de Cumpli correos reglas ambiente, se ilustra mejor con la evolución de una serie de áreas importantes: la ley de aduanas, el transporte de sustancias peligrosas, y el derecho de la competencia.

En el ámbito de las aduanas de un Código Aduanero [67] se adoptó en 1994. La analogía con el Código Aduanero Comunitario [68] es, por supuesto, no es una coincidencia. Al igual que el Código Aduanero Europeo, el Código Mercosur contiene disposiciones sobre el derecho de aduana sustantivo y procesal, a pesar de que no son tan detallada.Sorprendente - y en marcado contraste con el Código Aduanero Comunitario Europeo - el Código Aduanero del Mercosur también prevé la aplicación de aduanas, incluidas las sanciones aduaneras. Título IX relativas a infracciones aduaneras (artículos 156-174) armoniza con detalle las infracciones de contrabando, fraude y declaraciones falsas. El cumplimiento de los principios generales del Derecho, como el principio ne bis in idem, también se prescribe. Por último, las sanciones aplicables son pr o provisto. Estos se refieren a las sanciones administrativas reparadoras y punitivas, que se impongan por las autoridades aduaneras nacionales. Entre los que me n mencionados son multas, la confiscación de bienes y medios de transporte, y la suspensión o el ingenio h retirada de licencias. Las sanciones no están vinculados a infracciones concretas, ni su gravedad definida más. Corresponde al autor nacional da des para hacer la función de las sanciones. El Código Aduanero del Mercosur aún no ha entrado en vigor por falta de ratificación e incorporación. La aplicación de las disposiciones co n relativo han resultado ser importantes escollos. Ción la cola s es si el Mercosur tal vez haya sobrestimado su alcance aquí.[69] Este es un problema muy grave, ya que ha impedido la realización de la armonización del aduanero. Esto probablemente explica también por qué en la revisión sustancial del Código Aduanero de Brasil en 2002 no sólo el número de secciones aumentar considerablemente, pero también se hizo ninguna referencia al Mercosur cualquier ley.

En 1994 se firmó un acuerdo en el seno del Mercosur sobre el transporte de sustancias peligrosas por la tierra o por ferrocarril. [70] In addition to introducing an obligation to hold a licence for the transport of certain goods, the agreement lays down special safety and identification requir e ments. In 1997 infringements and penalties were harmonized. [71]Remarkably, the harmonization with respect to penalties was taken much further than in the Mercosur Customs Code. A distinction was made between minor infractions, major infractions and severe infractions. The infractions were subdivided into three categories on the basis of which 500 USD, 3,000 USD or 6,000 USD fines could be imposed respectively. The period of suspe n sion of the transport licence or its possible permanent withdrawal were also regulated in some detail. All penalties are to be imposed by national authorities, whose discretionary power was thus considerably limited. This decision has also yet to enter into force due to a lack of ratification and incorporation.

As regards unfair competition [72] a first step was taken in 1992 with the approval of a mediation procedure. [73] Companies may file complaints with the national competition authorities. [74] After these have been examined a mediation proc e dure is provided between the national competition authorities in question. When no agreement can be reached either national competition authority can bring the complaint before the GMC. If the GMC and the CMC cannot agree either, the procedure may ultimately result in arbitration between the States parties. In a decision from 1994 [75] the substantive definitions of unfair competition were further elaborated. In 1996 [76] the Protocol for the protection of fair competition was approved. The committee for the protection of fair competition (CDC) was established under the CCM [77] and is composed of representatives of the national competition authorities. Complaints can only be filed by national competition authorities. [78] The Protocol defines and harmonizes all infringements. [79] The CDC is competent to order provisional measures, injunctions or the payment of administrative fines. [80] This is the only Mercosur regulation to provide a supr a national penalty system. However, decisions to impose penalties are taken unanimously and the CDC was set up as an intergover n mental body, being composed of representatives from the national competition authorities. In cases where there is no unani m ity, the case is submitted to the CCM. If unanimity in the CCM cannot be reached either, the case will be referred to the GMC and the CMC. If no unanimous decision can be reached there, the only recourse left is arbitration between States parties. No arbitration proceedings concerning unfair competition have taken place to date. In 2003 the rules of procedure for the CDC were a p proved, [81] but the Protocol itself has only come into force between Brazil and Paraguay. [82]

10.               Judicial cooperation within Mercosur

Judicial cooperation is not expressly included in the Treaty, either as an obje c tive or as an instrument. Nevertheless, judicial cooperation within Mercosur, both in the private law and the criminal law sense, has been an important priority from the start. Not only is this apparent from the Protocols that have been concluded, but also from the fact that some of the more important Prot o cols have already entered into force. As early as 1991 the CMC established the Assembly of Ministers of Justice. [83] As a result of efforts by the Ministers of Justice, various regional Mercosur agreements were elaborated in the field of private international law, cross-border civil procedural law and international criminal law. In 1996 the Assembly of Ministers of Home Affairs was created. [84] Over the past few years, these Ministers have been very active in the field of police cooperation and intelligence. The recommendations of the assemblies are submitted to the CMC, which practically always approves them in the shape of binding decisions.

In the field of private law [85] one of the first main results of the Justice Assembly was the 1992 Protocol of las Leñas. [86] This Protocol concerning judicial coo p eration in civil and commercial matters, employment questions, and administr a tive affairs was clearly inspired by the 1968 Brussels Convention. [87] The Protocol deals with both the mutual recognition of judgments concerning the private law interests of affected parties (ie with the exception of criminal law judgments) and the letters rogatory for obtaining evidence. In 1994 the Protocol of Buenos Aires concerning international jurisdiction with respect to contract law [88] was adopted, providing priority rules for determining jurisdiction. Also relevant are the Protocol of Ouro Preto as regards provisional measures [89] and the Protocol of Santa Maria [90] as regards international jurisdiction in consumer protection cases. In addition, regulations concerning cross-border legal assi s tance were approved in 2000. [91]

When Mercosur was established, matters of international criminal law were mostly dealt with in bilateral treaties. In 1992 the multilateral Treaty of Nassau concerning mutual legal assistance [92] was approved in the OAS. However, this Treaty was only ratified by a few states. [93] A regional legal assistance protocol along the lines of the private law conventions was subsequently negotiated within Mercosur. [94] In 1996 the Protocol of San Luis concerning judicial cooperation in criminal matters was adopted. [95] Notably, this Protocol has been ratified and incorporated by all States parties and is in force as of 2001. [96] In 2002, a suppl e mentary agreement [97] standardized the documents for requests for mutual legal assistance. At least according to European standards, this legal assistance protocol is a classic, although on some specific points it is surpri s ingly different. [98]Requests for mutual legal assistance, for the exchange of information, for the performance of investigative acts (eg the questioning of witnesses), for the temporary transfer of persons within the framework of criminal procee d ings, etc, can be made by any judicial authority [99] and the judicial authorities of the reques t ing State may also be present at the fulfilment of the request for mutual legal assistance in the requested State. It is not r e quired that the principle of double criminality be fulfilled. Requests for proa c tive investigative acts or the use of special investigative methods, such as infiltr a tion, controlled supply, etc, have not been included in the Protocol. The requests are dealt with between the central authorities of the States parties. The classical royal route is not used, [100] therefore, but neither is there direct cooper a tion between the enforcement authorities themselves. Furthermore, the central authority for this Mercosur protocol is not automatically the same central authority as for the bilateral treaties. The authority for Mercosur in Arge n tina, for example, is part of the Ministry of Foreign Affairs. The Protocol includes a duty to cooperate, but it has been watered down by a classic series of exce p tions, like exceptions for military, tax and political offences or violations of public order or security. Worth mentioning is that the ne bis in idem princi ­ ple has also been listed as a ground for exception. The execution of the request in the requested State is subject to the lex locus regit actum rule, but the requesting State may request the application of special aspects of its law ( lex forum regit actum ) on condition that this does not conflict with the domestic law of the requested State. The requests may also extend to seizure and provisional measures with respect to illegally obtained property, in the framework of the cross-border fight against organized crime and money laundering.

As regards extradition, the Mercosur States parties have concluded many bilateral treaties, which were mostly ratified before Mercosur's entry into force. The only multilateral treaty, the Inter-American Extradition Convention of Caracas (1981), [101] has not been ratified widely. For this reason, the Extradition Agreement of Rio de Janeiro (1998) [102]was approved in the framework of Mercosur. This is another classic regulation with a few surprising aspects. The agreement includes a duty to extradite for offences punishable in both States by a maximum of no less than two years' imprisonment. Political and military offences have been made exceptions, but it is expressly provided that war crimes or crimes against humanity, attacks on political authorities and terrorism do not fall under this heading. Military offences are only excepted insofar as they are of an exclusively military character. Tax offences therefore do not come under the exception. Another striking aspect is that the extradition of one's own nationals is the rule, unless a State party's constitutional provisions determine otherwise. In that case the state in question is not obliged to extradite. Extradition for the purpose of standing trial before ad hoc tribunals is also excluded. Moreover, the requesting State party is not allowed to impose the death penalty or life impri s onment. [103] In such cases the penalty must be limited to the maximum penalty which could be imposed in the state asked to extradite. The procedure is classic and uses the royal route. [104]

The field of customs cooperation [105] has also witnessed due progress. In 1997 an assistance agreement was concluded concerning the prevention and repression of customs infring e ments. The assistance can be used in the context of both administrative law and criminal law enforcement procedures and the inform a tion obtained may be passed on between the administrative and judicial author i ties. This is direct assistance, either by request or volu n tary, between the mutual customs authorities. The requests may concern the exchange of information, the performance of controls or the special supervision of persons or goods. The assistance cannot be used for the execution of fines, taxes, customs arrears, etc. In 2000 [106] the Committee of Customs Directors was established to give priority to the fight against smuggling. [107] The action plan for countering customs infringements was approved in 2001. [108] The plan contains a long list of concrete measures, ranging from the introduction of standar d ized customs controls to the exchange of knowledge in the field of customs intell i gence.

In the field of financial regulations and the fight against money laundering [109] the results are less than impressive. There is only a framework agreement between the central banks,[110] providing duties to cooperate and obligations to perform to the best of one's ability, but lacking any obligation to establish financial intelligence units [111] or to introduce specific obligations for financial service providers.

The vitality demonstrated over the past few years by the Assembly of Ministers of Home Affairs has however been the main cause of surprise. It is clear that an acquis is being built within Mercosur in the field of police cooperation and intelligence, which is similar in many respects to the Schengen acquis and the cooperation within the third pillar of the EU, although in this case not with the aim of compensating for the abolition of internal borders. In 1999 an integrated security plan was approved, [112] elaborating the 1998 outlines of this plan. [113] The plan regulates the cooperation between police and security services of the States parties in the field of the exchange of information and operational cooperation. It also provides for the establishment of an automated database for storing and exchanging inform a tion, the SISME. [114] Ratione materiae the cooperation is intended to prevent and detect crime, of which the trade in drugs and precursors, terrorism, trafficking in goods and people, vehicle theft [115] and organized crime are specifically regulated, [116] and to serve non-criminal law purposes. This last category comprises migration (forum shopping with respect to visas, political asylum, etc), transnational protection of the environment and the trade in radioa c tive materials. Finally, due attention is paid to the common training of police and intelligence officers. The plan further elaborates the modus operandi concerning the exchange of data. For example, for terrorism which, incidentally, is not a specific punishable offence in most States parties, a fast cross-border alerting system has been built into SISME. The access to and security of the SISME database [117] has been further detailed in a number of specific decisions and regulations. [118] The responsible SISME subcommi t tee is mainly a managing body and a coordinating body with respect to all the specific technical substa n tive committees (migr a tion, terrorism, etc). It has no function with respect to data protection. The way the oper a tional cooperation is run remains vague and ad hoc agreements between the States parties are referred to. Special technical working groups have been esta b lished under the Assembly of Ministers for topics like 'Offences', 'Environment', 'Migration', etc. In 2001 the cooperation was given further shape and substance and was made operational. [119] Regional operational cooperation was provided for drug trafficking and terrorism in a geograph i cal zone to be agreed later. In addition, liaison officers were going to be appointed in each other's regions. Finally, a special system for the exchange of inform a tion was elaborated with respect to bio-terrorism. In 2002, the training of police and intelligence officers was assigned to a Coord i nating Centre for Police Training. The Centre is really a network under revolving chairma n ship, rather than a Mercosur police academy.

In 2002, the CMC approved several agreements reached by the Ministers of Home Affairs. Agreement 15/02 provides for the intensified exchange of information concerning cross-border offences committed by means of aircraft. The Agreement applies to 19 described offences committed with the aid of planes, such as terrorism, trafficking in human beings, smuggling, hazardous substances, counterfeiting, drug trafficking, etc. In addition to the exchange of information, Agreement 17/03 concerning the fight against border corruption also provides for a complaints committee. Agreement 19/02 provides measures in the fight against the cross-border movement of goods posing an enviro n mental risk (including a threat to biodive r sity). Finally, Agreement 23/02 provides for cooperation between police and intelligence forces in the fight against terrorism and related offences. This Agreement of Salva ­ dor do Bahia, which was negotiated in special technical working groups on terrorism, aims to supplement the classical legal assistance in criminal matters [120]with police assistance and mutual assistance between intelligence agencies. It not only regulates the exchange of information, but also the joint cross-border ad hoc operations. The initiative for this has to come from a recognized authority and the terms (time span, powers, geographical area, etc.) have to be established per ad hoc operatio n . [121] Other States [122] may participate in these operations, but only as observers. One striking aspect is that this does not concern cross-border investigative acts, but rather police intelligence in the fight against terrorism. Neither 'intelligen ­ ce', nor 'terrorism' has been further defined and the bound a ries between intell i gence and law enforce ­ ment have been completely erased here. [123] During the Assembly of Ministers of June 2003 the CMC [124] widened the scope of applic a tion of the regional security scheme to include tobacco smuggling, theft of goods and imitation of goods and has introduced special measures against cross-border cattle smuggling.

Mercosur has thus adopted far-reaching operational measures, but has done so without first harmonizing the underlying criminal (procedural) law. [125] Are the States parties of the opinion that the Treaty of Asuncion does not provide the necessary legal basis for this? Quite the opposite in fact: the prevailing view is that Article 1 TA includes this legal basis. Recital 2 of the legal assistance (criminal matters) agreement of San Luis [126] also expressly refers to the States parties' compromise to harmonize their internal laws with a view to the co m mon objectives established. In a decision of 2001 [127] the CMC assigned a study on the provisions on terrorism in the Mercosur States as compared to the legislation of other countries on the American continent and in Europe. Also in 2001, the CMC [128] decided to elaborate measures for the harmonization of provisions and penalties concerning smuggling and imitation goods. It therefore looks as if criminal law harmonization, especially in relation to substantive criminal law, will pick up in the coming years. [129]Meanwhile, the Mercosur States have already harmonized a number of offences, such as corru p tion and money laundering, but this took place based on international obligations assumed in the context of the UN or the OAS. Over the past decade, criminal procedural law in Latin America and in the Mercosur States parties has been modernized considerably. [130] It has proved to be possible, following periods of dictato r ship, to organize the criminal procedure system in a constitutional way and to provide the right to be heard in procedures based on the principle of immediacy and thereby to abolish the written and secret prosecution procedures before, sometimes, single judges. By the reform the public prosecutor's office has also been strengthened and organized constit u tionally. Remarkably, though, the reforms have not addressed aspects of cross-border cooperation in criminal matters or international criminal law. [131] Still, some [132] already dare to dream of common criminal law jurisdiction within Mercosur.

11.               Conclusión

Mercosur is an intergovernmental organisation [133] with community objectives, which is directed from the political centres of the States parties and is therefore greatly dependent upon the polit i cal economic cycles within those States parties. In the short term, this can be an advantage for safeguarding the political feasibility of the project, but in the medium term it is manifestly disadvant a geous. Regional integration is not always a path strewn with roses, and conflict among States, among private entities – be they natural or legal persons – and among private individuals and national and/or regional authorities forms an integral part of regional integration. It is essential that these parties be given the necessary tools and autonomy to enforce their rights. This of course presumes that they are able to invoke the integrated rules and have access to legal rem e dies which they can use to have their cases decided by an impartial and ind e pendent body competent to impose binding decisions on the parties. The history of European integration proves that the Member States alone are unable to realise the regional integration and that a purely intergovernmental model does not suffice. That is not to say that a strong supranational organiz a tion with supranational jurisdiction has to be created at any cost and at once. It is impo r tant, however, that some kind of common administration is established, in which national and regional authorities give shape and content to the regional integration through a system of checks and balances. It is also important that an independent body with judicial authority is able to take decisions on principle, independent of the economic or political interests of the parties.

Against this background it is clear that Mercosur is struggling to cope with the tension between community objectives and intergovernmental instr u ments. The position of the SAM is very weak and the right to introduce legisl a tion is exclusively in the hands of the States parties. The entry into force of Mercosur law is too complex and too dependent upon internal procedures and agendas in the States parties. Because of the non-recognition of the direct effect of Merc o sur law the legal subjects' position in domestic law is weak. Mercosur law provides no instr u ments for forcing compliance either by the States parties, by Mercosur institutions or by legal subjects. In short, the parties who could ensure the autonomy of Mercosur law [134] are not given much leeway under the inte r governmental structure.

On the other hand, the Mercosur acquis as it was built up over the past decade is not without meaning. With respect to the customs union and the common market significant progress has been made. These are also the areas where the arbitral awards, which are comparable to important case law of the European Court of Justice as regards content and purport, have had an influence. Notable too is the fact that, despite the as yet only partial realization of the customs union, considerable action has already been taken in the field of positive integration. Mercosur law is developing rapidly and the tentative outlines of, for example, Mercosur environmental law, are becoming visible. The same is true of the harmonization of compet i tion law, trademark law, etc. The States parties are also aware of the acquis that has been built up and do not wish to see it undermined, for example, bya posteriori international agreements. [135] However, realism is in order here. The free movement of persons, services and capital is still in its infancy. Recognition of general principles of Mercosur law or references to human rights [136] – as guaranteed by the Inter-American Convention of Human Rights – or to citizenship are still far from sight. The fact stands out that the harmonization of substantive law has been achieved at the same time as the harmonization [137] of national enforcement law, including the harmonization of punitive sanctions. Where competition is concerned, the first hesitant steps towards a supranational competence to impose penalties have been made, a fact which, within an intergovernmental framework, is not self-evident. What is more, the harmonization of enforcement law also includes areas such as customs, transport, etc, and in this respect therefore surpasses the acquis built up in the EC. However, due to the lack of ratification and incorp o ration, the incorporation of the Mercosur enforc e ment rules is lagging behind. [138]

The most striking aspect is no doubt that with an incomplete customs union and a common market still waiting in the wings considerable progress has been made in the field of judicial cooperation in civil, criminal and security matters. The dynamism displayed by the Ministers of Justice and of Home Affairs seems to exceed that of the economic Ministries. Within a relatively short time an impressive acquis has been elaborated, not only with respect to the regulation of judicial cooperation, but also with respect to immigration, information ma n agement and joint operational competence. A cause for concern is no doubt that these developments are insuff i ciently linked with the political rights of citizens and therefore remain separate from Mercusor citizenship. The States parties, partly as a result of the pressure of the post-11 September context, seem determined to keep adding to the judicial area.

Latin America and Europe share important historical ties and important political and economic relations. Europe believes that the Mercosur countries have an interest in strengt h ening the integration model and actively supports Mercosur. This in itself need not conflict with the WTO or the US in the framework of negotiations concerning a free trade agre e ment. [139] However, it is important for the Mercosur countries and for Europe that the regional integration in Mercosur is both widened and deepened. The evident course of action would be, therefore, to further expand the bilateral cooperation between Mercosur and the EU to include areas such as the free movement of persons, services and capital and judicial cooperation in civil, criminal, and security matters.

[1] * Professor of Economic and Financial Criminal Law at the University of Utrecht; Visiting Professor of European Criminal Law at the Europe College in Bruges.
This article was written during a research visit (March-April 2003) to the Universidad de Buenos Aires (UBA). A Dutch version of this contribution has been published in SEW, Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, December 2003, 406-416. An abbreviated version was presented at the conference 'La libre circulation des personnes 10 ans après “1993”: Derniers développements et dernières frontières', held in Liège 5-6 December 2003.
[2] Between 1990 and 1992 Argentina privatized its economy. The 20 State enterprises that were sold generated 4 percent of GNP and 21 percent of fiscal revenues.
[3] Interregional Framework Cooperation Agreement between the European Community and its Member States on the one part, and the Southern Common Market and its Party States on the other , OJ L 069, 19/03/1996 p. 0004-0022 and L 112, 29/04/1999, 0066.
[4] R Domini-C & Molina del Pozo Acuerdo Mercosur-Unión Europea (Ediciones Ciudad Argentina Buenos Aires 1996).
[5] See also Commission staff working paper concerning the establishment of an interregional association between the European Union and Mercosur, http://europa.eu.int/comm/external_relations/mercosur/bacground_doc/work_paper0.htm
[6] See http://www.ustr.gov/new/fta/Chile/text/+free+trade+agreement+Chile&hl=en&ie=UTF-8
[7] 18 June, see http://www.mercosur.org.uy/pagina1esp.htm
[8] Free Trade Association of the Americas, ALCA in Spanish. The negotiations started in 1994.
[9] This probably also explains why relatively little has been written in the US concerning Mercosur. For a further explanation of the free trade agreements and their impact on US law, see JH Jackson The World Trading System. Law and Policy of Internatonal Economic Relations (MIT Cambridge-London 2002). See also H Milner 'Regional Economic Co-operation, Global Markets and Domestic Politics: A Comparison of NAFTA and the Maastricht Treaty' [1995] Journal of European Public Policy, 337-360.
[10] http://europa.eu.int/comm/external_relations/mercosur/intro/index.htm
[11] D Lopez, 'Dispute Resolution under Mercosur from 1991 to 1996: Implications for the Forma ­ tion of a Free Trade Area of the Americas' 3-SPG NAFTA, (1977) 3 L & Bus Rev Am.
[12] See, eg, the attempts made by Simon de Bolivar, who succeeded in uniting the territories of what are now Ecuador, Colombia, Venezuela and Panama into what he termed 'Nueva Granada'.
[13] LAFTA in English, ALALC in Spanish.
[14] North American Free Trade Agreement, entered into force on 1 January 1994.
[15] Here, too, history appears to repeat itself. Free trade within NAFTA is heavily complained about in Mexico at the moment, especially as regards the lack of compensating measures comparable to, eg, the structural funds in the EC, in order to lessen the structural differences among the participants and thereby guarantee loyal competition.
[16] See FV Garcia-Amador The Andean Legal Order (Oceana Publications New York 1978).
[17] ALADI in Spanish. LAIA/ALADI currently has its headquarters in Montevideo.
[18] With Peru, negotiations on this are ongoing. Venezuela has indicated that it wishes to open negoti a tions.
[19] See CMC 14/96 concerning their participation in the working groups. Many decisions between the Mercosur States parties are separately declared binding upon the associated members, not only in the field of economic integration, but also with respect to justice and security (see infra).
[20] The TA speaks of States parties instead of Member States.
[21] See hereon section 7.
[22] CMC 02/93.
[23] For an up to date organization chart see http://www.mercosur.org.uy/pagina1esp.htm. For comments, see R Ruiz Diaz Labrano Mercosur. Integración y derecho .(Intercontinental Editora Buenos Aires 1998) R Dromi MA Ekmekdjan and JC RiveraDerecho Comunitario. Sistemas de Integración. Regimen del Mercosur (Ediciones Ciudad Argentina 1995); LOBaptista O Mercosul suas Institui  ões e Orden a mento Jurídico (Editora Sao Paulo Sao Paulo 1998). Gonzalez Oldekop La Integración y sus Inst i tuciones (Buenos Aires 1997); C Caldani and M Angel Integración Europea y Mercosur (Ediciones Jurídicas Cuyo Mendoza 2001); C Caldani La Filosofia del Derecho en el Mercosur (Ediciones Ciudad Argentina Buenos Aires 1997); C Galeano Perrone Ord e namiento jurídico del Mercosur (Asunción 1995); C Caldani and M Angel Integración, Unión Europea y Mercosur (Buenos Aires 2001); Pérez González Desafíos del Mercosur (Ediciones Ciudad Argentina 1997).
[24] For a detailed explanation see R Ruiz Diaz Labrano, op cit.
[25] See Art 8 POP.
[26] See Art 19 POP.
[27] See Procedimiento general para reclamaciones ante la CMC, Annex to the Protocolo of Ouro Preto. See also section 6 of this article.
[28] CMC 16/02. See also http://www.mercosur.org.uy/pagina1esp.htm
[29] For a detailed explanation, see R Ruiz Diaz Labrano, op. cit.
[30] Art 42 speaks of 'caracter obligatorio'.
[31] For an overview of Mersocur law, see http://www.mercosur.org.uy. This source does not, however, shed any light on the degree of implementation and/or entry into force. For this, see http://www.mercosul.org.uy/pagina1esp.htm.
[32] For example, decisions concerning the internal organisational structure of Mercosur do not need incorpor a tion.
[33] Certain decisions provide for early entry into force as between the ratifying States.
[34] Concerning arbitration, see section 6.
[35] Laudo 1 Comunicados Decex Argentina v Brazil 1999.
[36] JI Cafferata Nores Proceso penal y derechos humanos. La influencia de la normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino (Buenos Aires 2000).
[37] See cases Ekmekdjian, Miguel Angel v Sofovich, Gerardo and others , decision of 7/7/92, La Ley, 1992-C, 543; Servini de Cubría, María Romilda s/amparo, decision of 8/9/92, CSJN S.289.XXIV, S.292.XXIV and S.303.XXIV; Fibraca Constructora SCA v Comisión Technici MIT de Salto Grande , decision of 7/7/93, CSJN F.433 XXIII.
[38] See hereon Medeiros, Antonio de Cachapuz in Fabris (ed) O Poder de Celebrar Tratados (Porto Alegre 1995).
[39] Although Brazil has signed the Vienna Convention, it has not yet ratified it.
[40] For a thorough legal analysis of the incorporation, see C Marcio and B Cozendly, 'Sistema de Incorporação das Normas do Mercosul à Ordem Juridica Interna', www. mercosul.gov.br/forum/default.asp
[41] For a comparison with the dispute settlement mechanisms under the WTO and NAFTA, see J Cameron and K Campbell Dispute regulation in the World Trade Organization (Cameron London 1998); D Lopez, op. cit. and JM Guira 'The Emer ­gence of a Working System of Dispute Resolution', 6 NAFTA: (2000) 255 L & Bus Rev Am.
[42] This choice has been labelled regrettable in the literature. See, eg R Ruiz Diaz Labrano, op. cit. and R Dromi, et al, op cit.
[43] See also CMC 17/98 for its application.
[44] Arts 2-3 PB.
[45] Arts 4-6 PB.
[46] Art 7 PB.
[47] Arts 8 and 21 PB. In case of non-compliance, the other States parties to the conflict may take preliminary measures of compensation.
[48] Art 6 PO.
[49] Art 15 PO. The CMC is also competent under Art 24 PO to take special measures in urgent cases where the parties could suffer irreparable damage.
[50] Arts 17-23 PO. The Permanent Court of Appeals provides arbitration on appeal. Appeals are limited to legal issues.
[51] Art 31 PO.
[52] Art 32 PO.
[53] JM Tate, 'Sweeping Protectionism under the RUG. Neoprotectionist measures among Mercosur Countries in the time of trade-liberalization' (1999) 27 Ga JInt'l & Comp L 389. See also JS Tulchin et al Paths to regional integration: the case of Mercosur (Woodrow Wilson International Center for Scholars Washington DC 2002), 31.
[54] SP Sorensen, 'Open Regiona ­ lism or Old-fashioned Protectionism? A Look at the Perfor ­ mance of Merco ­ sur's Auto Industry' (1998) 30 U Miami Inter-Am L Rev, 371.
[55] See A Makuc, 'Multilateral Trading System and Regional Integration' (2000) 13 Fla J Int'L, 59.
[56] For the current state of affairs, see JS Tulchin et al, op cit, 43.
[57] For detailed economic data, see P Coffey Latin America-Mercosur (Kluwer Academic Publishers Boston 1998).
[58] See for the decision http://www.mercosur.org.uy/pagina1esp.htm
[59] See for the decision http://www.mercosur.org.uy/pagina1esp.htm
[60] CMC 07/03 Aplicación directa de la normativa mercosur a los orde ­ namien ­ tos juridicos de los estados partes.
[61] See http://www.mercosur.org.uy/pagina1esp.htm
[62] J Fernández Reyes, 'Los proces de integración y la agricultura' (2000) 1 Revista de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, 37-45. See also the special theme section in Revista de Derecho del Mercosur, October 1999 no. 5.
[63] For a good overview, see http://www.mercosur.org.uy/pagina1esp.htm
[64] CMC 5/93. This agreement streamlines controls, but is not directed at the free movement of persons or the abolishment of internal border controls.
[65] CMC 28/02. This agreement does not have to be incorporated.
[66] JS Tulchin et al., op. cit., 45.
[67] CMC 25/94.
[68] Regulation 2913/92, OJ L 12.10.92.
[69] See JC Vazquez, 'El Codigo aduanero del Mercosur y el delito de contrabanda', (1998) Revista de derecho del Mercosur, 158.
[70] CMC 2/94.
[71] CMC 8/97.
[72] R Malcolm Competition policy and Mercosur (World Bank Washington DC 1997).
[73] CMC 3/92, Procedimiento de quejas y consultas sobre practices desleales de comercio.
[74] Only Argentina and Brazil have specialised competition authorities.
[75] CMC 20/94.
[76] CMC 18/96.
[77] In this field four relevant technical committees come under the CCM, ie the public policy and unfair competition committee, the economic policy and anti-dumping committee, the unfair competition committee and the consumer protection committee. Special rules have been elaborated for anti-dumping which provide anti-dumping levies, see GMC 7/93 and CMC 64/00.
[78] CMC 21/94.
[79] D Baigun and J Pedro da Rocha Delitos economicos en la esfera del Mercosur (Rubinzal-Culzoni Editores Buenos Aires 1999). Here, a comparison can be made with the proposals for the harmonization of economic criminal law in the EU, see K Tiedemann Wirtschaftsstrafrecht in der Europäischen Union 2002.
[80] See CMC 2/97 for the method of calculating the fines.
[81] Acuerdo sobre el reglamento del protocolo de defensa de la competen ­ cia del Mercosur, CCM 01/03.
[82] Art 33 of the Protocol provides that it shall enter into force after ratification by two States parties, but limited, of course, to these states. CMC 21/94 did enter into force for all Mercosur states.
[83] CMC 7/91. This instrument was supplemented with an internal regulation 94/009 concerning the methods and establishment of technical working groups.
[84] CMC 7/96.
[85] See A Dreyzin de Klor El Mercosur, generador de una nueva fuente de derecho internacional privado (Zavalia Buenos Aires 1997) and E Telechea Bergman, 'La cooperación jurídica internacional en el Mercosur', in Mercosur. Balances y Perspectivas (Fundación de Cultura Universitaria Montevideo 1996) 111-133.
[86] CMC 5/92 Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administr a tiva, entered into force in March 1996.
[87] OJ L 319/9 of 25 November 1988, now implemented in Community law by means of Council Regulation (EC) no. 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, OJ L12/1, 16/01/2001, 0001-0023.
[88] CMC 1/94.
[89] CMC 27/94.
[90] CMC 10/96.
[91] CMC 49/00, Acuerdo sobre el beneficio de litigar sin gastos y asistencia jurídica gratuita entre los estados partes del Mercosur.
[92] http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/a-55.html
[93] None of the Mercosur states have ratified this treaty.
[94] GD Fernández El Mercosur y la regionalización del derecho penal (Montevideo 1992).
[95] CMC 2/96. For literature on criminal law legal assistance, see the contributions in R Cervini Curso de cooperación penal internacional (Montevideo Uruguay 1994) and R Cervini and J Tavares 'Princípios de Cooper a ção Judicial Penal Internacional no Protocolo do Mercosul' (2000) Editora Revista dos Tribunais.
[96] CMC 12/01 extends its application to Chile and Bolivia.
[97] CMC 27/02.
[98] For a comparison with private law legal assistance, see E Tellechea Bergman, 'La cooperación judicial intern a cional en material penal con especial referencia al ambito del Mercosur y estados asociados' (2002) 126 La Justicia Uruguaya, 3-16.
[99] This broad wording takes account of the differences in the procedural law systems. Not all countries have an examining magistrate and until recently Chile did not even have a public prosecutor's office.
[100] By the royal or diplomatic route is meant that both the Ministry of Justice and the Ministry of Foreign Affairs have to give authorisation.
[101] See E Tellechea Bergman and C Alvarez Cozzi Extradición. Normas nacionales y convencionales (Montevideo Uruguay 1997) for a commentary on the bilateral treaties and on the Inter-American Convention.
[102] CMC 14/98. Extended to Chile and Bolivia pursuant to CMC 15/98. These agreements have not yet entered into force.
[103] The provisions concerning ad hoc tribunals, the death penalty and life imprisonment may of course be explained by the recent dictatorships in Latin American history, but are also relevant in the light of the negotiations with the US.
[104] For an opinion from the point of view of applicable law, see MA Antonini Ley de Cooperación en material penal. La extradicion y la opcion (Ad-Hoc Buenos Aires 1998).
[105] See VJC Vazquez 'El codigo aduanero del Mercosur y el delito de contrabando' (1998) 158 Revista del Mercosur and JL Tosi 'Principios de cooperación aduanera' (2001) Revista del Mercosur, 181.
[106] GMC 87/00.
[107] GMC 10/01.
[108] CMC 3/01.
[109] G Bulit, 'El lavado de dinero en el Mercosur', (1999) 32 Revista del derecho comercial y de las oblig a ciones', 413-444.
[110] CMC 40/00.
[111] Directive 2001/97/EC, OJ 28.12.2001, L 344/76.
[112] CMC 22/99 Plan General de Cooperación y Coordinación reciproca para la seguridad regional. This plan replaces the assistance agreement of 1998 and a secret security scheme named 'Plan de Seguridad para la Triple Frontera'.
[113] CMC 5/98 Plan de cooperación y asistencia recíproca para la seguri ­ dad regional en el Mercosur.
[114] Sistema de Intercambio de Información de Seguridad.
[115] See Memorandum in CMC 14/99.
[116] Decisions CMC 8/00 and CMC 10/00 broaden this competence to include economic and financial offences and illegal trade in endangered flora and fauna (CITES-protected species) respectively.
[117] CMC 13/99 Reglamentos internos de la subcomision de seguimiento y control y de la comision administr a dora del sistema de intercambio de informacion Mercosur, Bolivia y Chile, including Annex III – Merc o sur/RMI/Acuerdo nº 14/99 Reglamento interno comisión admini ­ stra ­ dora del SISME.
[118] CMC 18/00 and 19/00.
[119] CMC 13/01.
[120] See above.
[121] Note the parallels with the Council framework decision concerning joint investigation teams, OJ L 162 of 20.06.2002.
[122] This is mainly intended for the law enforcement and intelligence agencies of the US.
[123] In the US, the Patriot Act (post-11 September anti-terrorism legislation) has almost completely eliminated the division between the intelligence services and enforcement bodies (PL 107-56, 2001 HR 3162) and several European countries have to a certain extent followed this example.
[124] CMC 05/03.
[125] In contrast, see AE Alvarez, 'L'internationalisation du droit penal. L'exemple du Mercosur' (1999) Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, 741-754.
[126] CMC 2/96.
[127] CMC 13/01.
[128] CMC 3/01.
[129] The need for harmonisation is also recognised by the regional forum for criminologists and criminal law lawyers, see Primeiro Fórum de Criminologia e Política Criminal do Mercosul, Portalegre, 1998, tópico 4 'Cooperação criminológica-penal internacional', in R Cervini and J Tavares, 'Princípios de Cooperação Judicial Penal Intern a cional no Protocolo do Mercosul' (2000) Editora Revista dos Tribunais, 40. See also C Alberto González, 'La necesidad de armonizar una Justicia Penal transfronteriza en el Mercosur ante el auge del crimen organizado' (1998) Revista del Mercosur, 18-85.
[130] See JBJ Maier K Ambos and J Woischnik Las Reformas Procesales Penales en América Latina (Ad-Hoc Buenos Aires 2000).
[131] In Latin America, this branch of the law is practised exclusively by lawyers who specialize in international law or private international law.
[132] R Cervini and C Viana Garcia 'Reflexões sobre um eventual Tribunal Penal Comunitario no Ambito do Mercosul' (2000) 1 Revista da Academia Brasileira de Direito Criminal, Año 1, São Paolo, 56.
[133] M Haines-Ferrari, 'Mercosur: A new model of Latin American integration?' (1993) 5 Case Res J Int'l L 413.
[134] SB Palacio de Caeiro 'El derecho administrativo del Mercosur', (2002) Revista de la Asociación de Magistr a dos y Funcionarios de la Justicia Nacional, 131-147.
[135] CMC 32/00 provides that States parties cannot conclude new bilateral agreements in the field of external trade relations and thereby confirms the exclusive competence of Mercosur in this area.
[136] A Pierini 'Derechos Humanos en el Mercosur' Archivos del Presente, (2000) Revista Latinoamericana de temas internacionales, vol. 2, 145-152. JP Cajarville Peluffo 'Garantias constitucionales del procedim i ento administrativo en los países del Mercosur' in Principios del procedimiento administrativo de los organos del Mercosur, Actualidad en el Derecho Publico (Ad-Hoc Buenos Aires 1998), 25.
[137] See J Tavares de Araujo and L Tineo, 'Harmonization of competition policies among Mercosur countries', 24 Brook JInt'L 441.
[138] C Alberto González 'Ante la crisis Brasileña: ¿Que papel podria haber jugado el “Protocolo de Defensa de la Competen ­ cia del Mercosur”?' (1999) Revista de Derecho del Mercosur, 218-224.
[139] TA O'Keefe, 'Potential conflict areas in any future negotiations between Mercosur and the NAFTA to create a Free Trade Area of the Americas' (1997) 14 Ariz J Int'l & Comp L 305; AM De Aguinis
'Symposium NAFTA at Age One: a Blueprint for Hemispheric Integration? Can Mercosur accede to Nafta? A legal perspective' 10 Conn J Int'l L 597.